El 24 de marzo de 1976 se inició una dictadura militar, autodenominada “Proceso de Reorganización Nacional”, que clausuró la apertura democrática iniciada en 1973. El régimen desplegó una política de vigilancia, persecución y exterminio sobre individuos social y políticamente activos, aunque también sobre aquellos  “sospechosos” de serlo. La persecución, el secuestro, la tortura, el asesinato, los enfrentamientos fraguados, el robo de criaturas, la desaparición forzada de personas y el maltrato a familiares de las víctimas fueron las formas que desarrolló el terrorismo de estado en la Argentina.

Si bien esta situación de amenaza se extendió a la población en su conjunto, para los judíos que fueron recluidos en los Centros Clandestinos de Detención, la acción represiva y criminal del Estado autoritario se intensificó. Como lo señalan los informes realizados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (1979) y por la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (1985), los judíos fueron sometidos a un trato especial que redundaba en un mayor ensañamiento por parte de las fuerzas represivas.

La experiencia de los judíos-argentinos que fueron víctimas del terrorismo de Estado se caracterizó por la fuerte impronta antisemita que tenían muchos de los integrantes de los grupos de tareas, encargados de la represión ilegal. En el informe Nunca Más se destacó que estas victimas detenidas en centros clandestinos de detención estuvieron expuestas a vejámenes mayores que el resto de las víctimas de la represión y la tortura y que, incluso, el hecho de ser judío podía ser decisivo a la hora de determinar la suerte final del detenido.

Diversas investigaciones señalan que los judíos detenidos-desaparecidos fueron, aproximadamente, mil novecientos (1900).  Una cantidad significativa sobre el total de las víctimas del terrorismo de Estado y un conjunto revelador de la sobrerepresentación de estos entre todos los detenidos.

Esta dimensión nos ayuda a comprender, a su vez, cuán integrados estaban los judíos en el espacio público de la Argentina y cuánto participaban a través de diversas manifestaciones: la militancia política, el desarrollo profesional y el mundo del trabajo, las vanguardias culturales…. El conjunto de actividades que fueron atacadas por el régimen dictatorial.

Sin embargo, algunos de ellos pudieron escapar hacia Israel o hacia otros destinos. A través de la Embajada de Israel y la Agencia Judía se desarrollaron diversas estrategias de rescate tendientes a colaborar con la huida de quienes eran perseguidos.

A su vez, la figura del judío perseguido durante el régimen dictatorial resultó eficaz para la denuncia temprana de las violaciones a los derechos humanos cometidas por la dictadura militar. En septiembre de 1976, por ejemplo, sesionó, en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, una comisión investigadora sobre la violación de los derechos humanos en la Argentina a raíz de las denuncias presentadas por la Bnei Brith.   Poco tiempo después, tras el secuestro del periodista y director del periódico La Opinión, Jacobo Timerman, cobraría relevancia internacional la denuncia sobre lo que acontecía en nuestra país y la persecución a la que eran sometidos algunos individuos de origen judío. Esta denuncia se consagraría cuando, durante la celebración del Mundial de fútbol en nuestro país (1978), un sobreviviente de la Shoá en Francia, Marek Halter, publica un artículo en Le Monde que homologaba la situación de los judíos en la Argentina con las persecuciones sufridas durante los años del nazismo.

Desde entonces, esta cuestión sería un recurso con alto grado de eficacia para convocar la solidaridad y la conciencia de la opinión pública, tanto nacional como internacional, en torno a las violaciones de los derechos humanos sufridas en nuestro país durante aquellos años. Un momento decisivo fue, hacia 1996, cuando en la Argentina la alternativa judicial estaba vedada. Por entonces, en España, el tribunal presidido por el juez Baltasar Garzón hizo lugar a una demanda presentada por el Fiscal Carlos Castresana para que fueran juzgados por crímenes de lesa humanidad los responsables del terrorismo de Estado en nuestro país. El pedido de la fiscalía se cimentó en la consideración del Fiscal acerca de que “la represión producida en Argentina tenía comportamientos o connotaciones genocidas, relativas en particular a una determinada raza, al especial objeto de persecución que se hizo contra los ciudadanos argentinos de origen judío”.

Los reclamos y movilizaciones en favor de la memoria por dichas persecuciones han servido para consolidar un justo reconocimiento en torno de aquella fatídica experiencia.